Actualidad del sector inmobiliario

Para vender o comprar una vivienda en Cataluña con seguridad hay que reunir documentos de once ámbitos: el proceso de venta, la titularidad y las cargas, quién puede firmar, la identificación de la finca, el urbanismo, el estado técnico, las particularidades de las masías, los impuestos, los derechos de terceros, la vivienda protegida y la hipoteca. Esta guía los ordena por bloques y enlaza cada explicación.

Si estás pensando en alquilar tu vivienda, hay ocho puntos que debes entender antes de firmar el contrato: honorarios, IBI, desistimiento, tanteo y retracto, actualización de la renta, prórrogas e indemnizaciones.

Desde el 3 de octubre de 2026, quien vende o alquila en Cataluña un inmueble construido antes de 2002 debe entregar un certificado de presencia o ausencia de amianto visible. Lo exige la Ley 8/2026, de erradicación del amianto. Lo emite un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico tras una inspección visual, y basta con tenerlo antes de firmar el contrato. Detectar amianto no impide vender ni alquilar: el certificado es informativo.

Para comprar una vivienda en España, una persona extranjera necesita identificarse (pasaporte o documento de identidad), obtener el NIE, acreditar cómo pagará el precio y cumplir sus obligaciones fiscales. Según el caso, también puede necesitar un poder notarial, documentos sobre su régimen matrimonial o una cuenta bancaria en España. Los requisitos cambian según la residencia fiscal, la nacionalidad y si se compra personalmente o mediante una sociedad.

La normativa de prevención del blanqueo de capitales obliga a agentes inmobiliarios, notarios y bancos a identificar a quien vende y a quien compra, conocer el propósito de la operación y, en ciertos casos, el origen de los fondos. No es desconfianza ni burocracia: es una obligación legal que protege a todos los que participan en la compraventa. Además, los pagos en efectivo tienen límites legales.

La nota de encargo es el contrato entre el propietario y la agencia inmobiliaria para vender una vivienda. Fija el precio de salida, la duración, los honorarios, si hay exclusiva y las obligaciones de cada parte. En Cataluña, los agentes inmobiliarios deben estar inscritos en el Registro de Agentes Inmobiliarios y formalizar el encargo. Se firma antes de publicar o enseñar el inmueble.

El notario autoriza la escritura pública de compraventa: comprueba la identidad y la capacidad de las partes, revisa las cargas, la documentación y los medios de pago, informa a comprador y vendedor, y da fe de lo que acuerdan. Actúa con imparcialidad, sin representar a ninguna de las partes. La escritura pública es la que permite inscribir la compra en el Registro y constituir la hipoteca.

La escritura de propiedad es el documento público, firmado ante notario, que recoge cómo adquiriste tu vivienda: por compraventa, herencia, donación u otro título. Es la base documental de cualquier venta, porque dice quién compró, qué se compró y en qué condiciones. Aun así, no sustituye a una nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, que muestra la situación de hoy.

El certificado de saldo hipotecario es el documento que emite el banco para indicar cuánto dinero queda pendiente de una hipoteca y cuánto hay que pagar para cancelarla en una fecha concreta. Es imprescindible cuando se vende una vivienda con hipoteca, porque permite organizar el pago el día de la firma. Pero pagar la deuda no borra la hipoteca del Registro: esa cancelación es un trámite aparte.

La certificación registral es un documento firmado por el registrador que da fe oficial de lo que consta en el Registro de la Propiedad sobre una finca: quién es el propietario, qué cargas tiene o su historial de titulares. A diferencia de la nota simple, que es solo informativa, la certificación tiene valor probatorio ante juzgados y administraciones. Cuesta más y tarda más, por eso solo se pide cuando realmente hace falta.

El Registro de la Propiedad es una institución pública que inscribe quién es el propietario de cada finca y qué cargas tiene, como hipotecas, embargos o servidumbres, y lo hace público para cualquiera con interés. Inscribir una compra da la máxima protección al propietario frente a terceros, y una hipoteca solo existe como tal si se inscribe. No debe confundirse con el Catastro, que tiene fines administrativos y fiscales.

Un poder notarial es un documento firmado ante notario que autoriza a otra persona a actuar en tu nombre, por ejemplo para vender o comprar una casa. Es muy útil cuando un propietario vive lejos, en el extranjero o no puede acudir a la firma. Pero no basta con tener un poder: debe estar vigente y contener las facultades concretas que exige la operación.

El régimen económico matrimonial determina qué bienes son de cada cónyuge y cuáles son comunes, y por tanto quién debe firmar la venta de una casa. En Cataluña, si no se pactó nada, rige la separación de bienes: cada cónyuge es dueño de lo que tiene a su nombre. Pero si la casa es la vivienda familiar, el otro cónyuge debe dar su consentimiento aunque no sea propietario.

Cuando uno de los propietarios de una casa es menor de edad o una persona con medidas de apoyo, la ley puede exigir una autorización judicial antes de venderla. Es una garantía para proteger sus intereses. En algunos casos, el Código civil catalán permite alternativas, como el consentimiento de parientes próximos. Detectarlo pronto es clave, porque el trámite puede alargar la operación varios meses.

Para que una sociedad pueda vender un inmueble tiene que acreditar quién la representa y que esa persona tiene facultades para vender. Se necesitan la escritura de constitución, el CIF, el nombramiento vigente del administrador o los poderes, la identificación del titular real y, si el inmueble es un activo esencial, el acuerdo de la junta general. La fiscalidad, además, es distinta a la de una persona física.

Los planos de una vivienda son la representación gráfica de su distribución y sus superficies. No hay un registro único donde pedirlos: pueden estar en manos del propietario, del arquitecto que hizo el proyecto, del archivo municipal o del Catastro. Conviene localizarlos antes de anunciar la casa y, si no existen o no coinciden con la realidad, encargar un levantamiento actualizado. Un plano comercial ayuda a vender, pero no acredita por sí solo superficies oficiales ni legalidad urbanística.

El Catastro y el Registro de la Propiedad son dos instituciones distintas. El Catastro describe los inmuebles sobre todo a efectos administrativos y fiscales (por ejemplo, para el IBI); el Registro publica quién es el propietario y qué derechos y cargas tiene la finca. Es frecuente que sus datos no coincidan en superficie, lindes o construcciones. Antes de vender conviene compararlos, entender el origen de cada diferencia y decidir si hay que corregirla.

El Informe de Validación Gráfica (IVG) es un documento que emite el Catastro al comprobar una «representación gráfica alternativa» de una finca: un archivo digital en formato GML que prepara un técnico cuando la realidad no coincide con el plano catastral. Si el IVG es positivo, significa que la nueva delimitación es técnicamente correcta y encaja con la cartografía sin invadir parcelas vecinas. Es clave en segregaciones, agrupaciones, rectificación de lindes o diferencias de superficie.

La georreferenciación es la medición técnica de una finca que sitúa sus lindes y sus construcciones con coordenadas oficiales (sistema ETRS89). La hace un técnico competente mediante un levantamiento topográfico y genera el archivo GML que después valida el Catastro y, si procede, se presenta en notaría y Registro. Es especialmente útil en masías, fincas rústicas y parcelas grandes, y conviene encargarla antes de publicar la venta para anunciar datos fiables.

La certificación catastral descriptiva y gráfica es el documento oficial del Catastro que reúne los datos de un inmueble: referencia catastral, localización, superficie de parcela y construida, uso, año de construcción y el plano de la parcela con sus colindantes. Se obtiene en la sede electrónica del Catastro o en un punto de información catastral. Tiene carácter administrativo y fiscal: es muy útil para preparar la venta, pero no acredita quién es el propietario.

El certificado de concordancia es un documento del ayuntamiento que acredita que la dirección que figura en la escritura o en el Registro (un nombre antiguo de calle, un número anterior o el nombre de un paraje) corresponde a la misma finca que la dirección actual. Se necesita sobre todo en fincas antiguas o rústicas, cuando escritura, Catastro, IBI y realidad no coinciden. No corrige superficies ni lindes: solo acredita la correspondencia entre denominaciones.

La situación urbanística de una vivienda es su «expediente» ante las normas del territorio: qué dice el planeamiento sobre el suelo donde está, qué usos permite, si tiene protecciones o afectaciones y si lo construido cuenta con licencia. La información principal la da el ayuntamiento, a veces junto con la Generalitat u otros organismos. En operaciones complejas, como masías, terrenos o casas ampliadas, no basta con una consulta verbal: conviene un certificado o informe urbanístico por escrito.

La normativa urbanística aplicable a una finca es el conjunto de normas que determinan qué se puede hacer en ella: el plan de ordenación urbanística municipal (POUM) o las normas subsidiarias, los planes especiales y directores, y las afectaciones sectoriales (costas, carreteras, cauces, espacios naturales, patrimonio). En Cataluña se puede consultar en el Registro de Planeamiento Urbanístico (RPUC) y en el Mapa Urbanístico de Cataluña. Para una operación relevante, lo recomendable es pedir al ayuntamiento un certificado de régimen urbanístico por escrito.

El certificado de antigüedad acredita la fecha en que se terminó una construcción o una ampliación. El certificado de legalidad informa de su situación urbanística: con licencia, legalizada, prescrita o fuera de ordenación. Sirven para declarar o actualizar la obra en la escritura y el Registro cuando lo construido no consta. La antigüedad la certifica un técnico competente; la legalidad, el ayuntamiento. Inscribir una obra antigua no la convierte en legal.

La licencia de primera ocupación es el título municipal que acredita que una obra nueva o una ampliación se ha ejecutado conforme a la licencia de obras concedida y puede utilizarse. En Cataluña, la normativa urbanística vigente la tramita como una comunicación previa de primera utilización y ocupación ante el ayuntamiento, aunque en épocas anteriores era una licencia. Es importante en viviendas recientes, con ampliaciones u obras importantes, y cuando el comprador necesita hipoteca.

El certificado final de obra es el documento que firman los técnicos de la dirección facultativa al terminar una construcción, acreditando que se ha ejecutado conforme al proyecto. El Libro del edificio reúne el proyecto, los agentes que intervinieron, las garantías y las instrucciones de uso y mantenimiento. Son especialmente importantes en obra nueva o reciente, porque permiten saber quién respondió de la obra y reclamar, dentro de los plazos legales, si aparecen defectos constructivos.

La declaración de obra nueva es la escritura que incorpora al Registro de la Propiedad lo que se ha construido sobre un terreno, ya sea una casa o una ampliación. La división horizontal es la escritura que, cuando en una misma finca hay varias viviendas o locales, las separa en fincas independientes, cada una con su cuota. Intervienen la notaría, el Registro, el ayuntamiento y un técnico. Sin división horizontal no se puede vender una vivienda de forma independiente.

La inspección técnica del edificio (ITE) es una revisión que hace un técnico para comprobar el estado de conservación de un edificio de viviendas. En Cataluña es obligatoria para los edificios plurifamiliares antes de cumplir 45 años y para algunas casas unifamiliares. Con el informe favorable se obtiene el certificado de aptitud, y quien vende una vivienda en un edificio obligado debe entregar al comprador una copia del informe y del certificado.

Los certificados de instalaciones son los documentos que acreditan que la instalación eléctrica, la de gas, un depósito de gasoil u otras instalaciones de la vivienda cumplen la normativa y han pasado sus revisiones. Los emiten instaladores y empresas autorizadas. Al vender, conviene tenerlos localizados, porque la compañía suministradora puede exigir un certificado nuevo cuando el comprador da de alta la luz o el gas.

La ficha del catálogo de masías es el documento urbanístico que identifica una masía o casa rural en suelo no urbanizable, explica por qué está protegida y fija qué usos y obras se admiten en ella. La elabora el ayuntamiento dentro de un plan especial y la aprueba la Generalitat. Antes de vender o comprar una masía, esta ficha dice si se podrá vivir en ella, rehabilitarla, ampliarla o destinarla al turismo rural.

Un pozo, una mina o cualquier aprovechamiento de agua en una finca debe estar comunicado, autorizado o concedido por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) e inscrito en el Registro de Aguas. Los pozos pequeños para uso dentro de la propia finca, hasta 7.000 metros cúbicos al año, no necesitan concesión, pero sí tramitarse ante la ACA. Al vender, el derecho de agua inscrito debe pasar a nombre del comprador.

Una fosa séptica o una depuradora es el sistema que trata las aguas residuales de una vivienda que no está conectada al alcantarillado. Para verter el agua tratada hace falta una autorización de vertido de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), y la instalación suele necesitar también licencia municipal. Al vender una masía o una casa aislada, conviene conocer su estado real y su documentación antes de negociar el precio.

Las parcelas de viña deben estar inscritas en el Registro Vitivinícola de Cataluña, con su autorización de plantación válida, y pueden estar vinculadas a una denominación de origen como la DO Penedès o la DO Cava. Esta inscripción acredita qué se puede producir y vender con esa uva. Al vender una finca con viñedo, conviene revisarla junto con los posibles contratos con bodegas o agricultores.

Un arrendamiento rústico es el contrato por el que un agricultor cultiva las tierras de otra persona a cambio de una renta; en la aparcería, el pago es una parte de la cosecha. En Cataluña se regulan por la Ley 1/2008 de contratos de cultivo. La venta de la finca no extingue el contrato: el comprador ocupa el lugar del antiguo propietario y el arrendatario puede tener, según el caso, un derecho de adquisición preferente.

Una servidumbre es un derecho que una finca tiene sobre otra, como el derecho de paso por un camino, el de conducir agua o el de que pase una línea eléctrica. Pueden beneficiar o gravar a la finca que se vende. Antes de vender una finca rústica o aislada hay que comprobar por dónde se accede, si el camino es público o privado y qué servidumbres existen, estén o no inscritas en el Registro.

Una finca situada dentro o junto a un espacio natural protegido, como el PEIN, la Red Natura 2000 o un parque natural, tiene limitaciones en usos, obras y actividades. Las obras pueden necesitar informes adicionales y, en fincas grandes dentro de espacios de protección especial, la Generalitat puede tener derechos de tanteo y retracto. Por eso hay que comprobarlo antes de publicar la finca y antes de comprarla.

El recibo del IBI es el justificante del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el impuesto municipal anual que grava la propiedad de una vivienda o finca. Al vender, sirve para comprobar que el impuesto está pagado, confirmar la referencia catastral y dar al notario los datos del último recibo. El IBI se devenga el 1 de enero y lo paga quien es propietario ese día, aunque vendedor y comprador pueden pactar repartirlo según los meses de cada uno.

El certificado de la comunidad es el documento que acredita si una vivienda está al corriente de pago con la comunidad de propietarios o cuánto debe. Lo expide quien ejerce la secretaría de la comunidad, normalmente el administrador de fincas, con el visto bueno de la presidencia. Se pide cerca de la firma de la escritura, porque las deudas con la comunidad pueden afectar a la vivienda aunque cambie de propietario.

Cuando el vendedor de un inmueble en España no es residente fiscal en España, el comprador está obligado a retener el 3 % del precio y a ingresarlo en la Agencia Tributaria con el modelo 211, en el plazo de un mes desde la compraventa. Esa cantidad es un pago a cuenta del impuesto del vendedor. Si el comprador no la ingresa, el inmueble queda afecto al pago, y el vendedor puede recuperar lo que se haya retenido de más en su declaración de no residente.

Para aplicar las exenciones del IRPF al vender tu casa —por reinvertir en otra vivienda habitual o por tener más de 65 años— debes demostrar que la vivienda vendida era tu residencia habitual. El certificado de empadronamiento histórico del ayuntamiento es una prueba importante, pero no la única: Hacienda puede pedir recibos de suministros, correspondencia u otras pruebas de que vivías allí de verdad. Como regla general, se exige haber residido en ella al menos tres años continuados.

El tanteo es el derecho de una persona o administración a comprar un inmueble con preferencia, al mismo precio y condiciones que se han pactado con el comprador. El retracto es ese mismo derecho ejercido después de la venta, cuando no se notificó como correspondía: el titular puede quedarse la finca ocupando el lugar del comprador. En Cataluña pueden tenerlos, entre otros, la Generalitat en ciertas viviendas y zonas, las administraciones en espacios protegidos y los inquilinos.

Se puede vender una vivienda alquilada, pero el inquilino no tiene que irse por el cambio de propietario: en general, el comprador se subroga en el contrato y debe respetarlo al menos hasta el final del plazo legal mínimo. Para vender hay que reunir el contrato vigente, el justificante del depósito de la fianza (en Cataluña, en el INCASÒL) y los recibos, y comprobar si el inquilino tiene derecho de adquisición preferente.

La licencia HUT es la habilitación que permite destinar una vivienda al alquiler turístico en Cataluña; se identifica con un número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña. Al vender, el nuevo propietario que quiera seguir con la actividad debe comunicar el cambio de titular. Desde el decreto ley 3/2023, en muchos municipios —Sitges entre ellos— las habilitaciones existentes tienen una vigencia limitada, así que hay que comprobar la situación concreta de cada vivienda.

Una vivienda con protección oficial (HPO o VPO) es la que está sometida a un régimen público que limita su precio de venta o de alquiler, obliga a destinarla a domicilio habitual y permanente y condiciona quién puede comprarla. Para saber si una vivienda lo es, hay que revisar la escritura, la nota simple y la resolución de calificación, y si hay dudas, consultar a la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Conviene hacerlo antes de fijar un precio o anunciarla.

La resolución de calificación definitiva es el documento administrativo que declara que una vivienda es de protección oficial. Recoge el número de expediente, el régimen de protección, su duración y el precio máximo inicial. La emite la Agència de l'Habitatge de Catalunya y suele estar incorporada a la escritura de compra; si no aparece, se puede pedir información del expediente.

Las viviendas con protección oficial tienen un precio máximo legal de venta. En segundas y posteriores transmisiones, se calcula por metro cuadrado útil de la vivienda y de sus anexos vinculados (garaje, trastero), según los módulos y criterios que publica la Agència de l'Habitatge de Catalunya. No se puede cobrar por encima de ese límite ni pactar cantidades aparte, y los importes de la vivienda y de cada anexo deben figurar por separado.

Cuando el propietario de una vivienda con protección oficial decide venderla, en muchos casos debe comunicarlo a la Generalitat, a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, indicando el precio, la forma de pago y el comprador. Así la Administración puede ejercer su derecho de compra preferente (tanteo) en las mismas condiciones. Si no se notifica, o se vende en condiciones distintas, puede ejercer el retracto después de la venta.

Para comprar una vivienda con protección oficial en Cataluña, el comprador y su unidad de convivencia deben estar inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial. La inscripción acredita que se cumplen los requisitos de ingresos y de necesidad de vivienda. Se tramita ante la Agència de l'Habitatge de Catalunya, en la oficina local de vivienda o por internet, y conviene hacerla antes de empezar a buscar.

El visado es el control que hace la Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre el contrato de compraventa (o de arras) de una vivienda con protección oficial. Comprueba que se respeta el precio máximo, que el comprador cumple los requisitos y que el contrato incluye las cláusulas obligatorias. Se pide después de pactar la operación y antes de la escritura, y su plazo debe preverse en el calendario de la venta.

Para vender o comprar una vivienda con protección oficial en Cataluña hay cinco claves: comprobar si la protección sigue vigente, respetar el precio máximo legal, que el comprador esté inscrito en el Registro de solicitantes, notificar la venta a la Generalitat cuando tenga derecho de compra preferente y visar el contrato en la Agència de l'Habitatge. Cada vivienda tiene su propio régimen, así que hay que revisar su calificación antes de dar ningún paso.

La tasación hipotecaria es el informe que determina el valor de una vivienda a efectos de un préstamo. La realiza una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Banco de España. El banco suele financiar un porcentaje del menor valor entre el precio de compra y el de tasación, así que si la tasación sale baja, el comprador necesitará más ahorro. Puedes aportar tu propia tasación vigente de una tasadora homologada, y el banco debe aceptarla.

Para estudiar una hipoteca, el banco pide al comprador su identificación, nóminas o declaraciones de la renta, el informe de vida laboral, extractos bancarios recientes, información sobre préstamos vigentes y, del inmueble, el contrato de arras y la nota simple. Lo ideal es reunirlo antes de firmar las arras y obtener una preaprobación. Autónomos, no residentes y quienes cobran en el extranjero necesitan más documentación y más tiempo.

La FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada) es el documento con las condiciones personalizadas de tu hipoteca —importe, tipo de interés, cuotas y comisiones— y tiene valor de oferta vinculante. La FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas) te avisa de las cláusulas más relevantes, como el tipo variable o el reparto de gastos. El banco debe entregártelas, junto con el borrador del contrato, al menos 10 días naturales antes de la firma.

El acta notarial previa de transparencia es un documento en el que el notario comprueba que el comprador ha recibido en plazo toda la documentación de la hipoteca (FEIN, FiAE y borrador del contrato), resuelve sus dudas y deja constancia de que entiende las condiciones. Es gratuita para el cliente, la hace el notario que elige el comprador y debe firmarse como mínimo el día anterior a la escritura. Sin ella, la hipoteca no se puede firmar.

Al comprar una vivienda de segunda mano en Cataluña se paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), con tipos progresivos del 10 % al 13 % según el valor. En una vivienda nueva se paga IVA (10 %) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Existen tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad, con requisitos de ingresos. A esto se suman notaría, registro y gestoría.

Al vender una casa en España, el vendedor paga, principalmente, el IRPF por la ganancia obtenida (o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes si vive fuera de España) y la plusvalía municipal. Además, el IBI del año de la venta suele repartirse con el comprador. Existen exenciones importantes, como la venta de la vivienda habitual por mayores de 65 años o la reinversión en otra vivienda habitual.

La plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) es un impuesto que cobra el ayuntamiento cuando se vende o se hereda un inmueble en suelo urbano. En una compraventa lo paga el vendedor. Hay dos métodos de cálculo y se puede elegir el más favorable; si no ha habido ganancia real, no se paga. Se presenta dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma de la escritura.

Para vender una masía no hay un único certificado. Hace falta una revisión documental adaptada a cada finca: situación urbanística y clasificación del suelo, inclusión en el catálogo de masías y casas rurales, usos permitidos, cédula de habitabilidad, certificado energético, agua y pozos, saneamiento, construcciones existentes y, si la hay, actividad agrícola o turística. Cuanto antes se prepare, más segura y rápida será la venta.

La cédula de habitabilidad es el documento que acredita que una vivienda cumple las condiciones mínimas para ser habitada: superficie, ventilación, luz, instalaciones y número máximo de personas. En Cataluña la gestiona la Agència de l'Habitatge de Catalunya y, en las viviendas usadas (cédula de segunda ocupación), tiene una vigencia general de 15 años. Se necesita para vender y para contratar los suministros.

El certificado de eficiencia energética califica, con una letra de la A a la G, cuánta energía consume una vivienda y cuántas emisiones genera. Lo elabora un técnico competente y, en Cataluña, se registra en el ICAEN, que emite la etiqueta energética. Es obligatorio para anunciar y vender la mayoría de viviendas, y tiene una validez general de 10 años.

Para vender una casa heredada, los herederos deben poder demostrar que la vivienda es suya. Eso significa reunir el certificado de defunción, el de últimas voluntades, el testamento o la declaración de herederos, firmar la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia, pagar los impuestos correspondientes e inscribir la vivienda a su nombre en el Registro de la Propiedad.

La nota simple es un documento informativo del Registro de la Propiedad que resume quién es el propietario de una vivienda, cómo se describe la finca y qué cargas tiene (hipotecas, embargos, usufructos u otras limitaciones) en el momento de la consulta. Se pide online o en el Registro, cuesta pocos euros y es el primer documento que conviene revisar antes de vender o comprar.

El contrato de arras es el acuerdo que firman comprador y vendedor antes de ir al notario. El comprador entrega una cantidad de dinero para reservar la vivienda y ambas partes se comprometen a firmar la compraventa en un plazo. En Cataluña, si no se dice lo contrario, las arras son «confirmatorias»; solo son «penitenciales» —las que permiten echarse atrás perdiendo o devolviendo el doble— si se pactan de forma expresa.

La referencia catastral es un código oficial de 20 caracteres (letras y números) que identifica de forma única cada inmueble en el Catastro. Aparece en el recibo del IBI y en la escritura, y se puede consultar gratis en la Sede Electrónica del Catastro. Es imprescindible para vender, porque permite comprobar que la vivienda que se vende es exactamente la que se describe.